Gerardo Blyde // Invasiones Legalizadas

Fuente: Alcaldia de Baruta

¿Está a salvo la propiedad urbana con esta decisión? Solo por ahora

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la desaplicación de los artículos 471 y 472 del Código Penal, que tipifican como delito las invasiones. La desaplicación, por ahora, abarca solo predios rurales. Dos campesinos del estado Guárico habían sido condenados a 10 años y 6 meses de prisión por la comisión de los delitos de invasión, perturbación violenta de un bien inmueble e incendio. Sus representantes legales solicitaron el avocamiento de la Sala Constitucional y esta se pronunció, eliminando los delitos, ordenando la liberación inmediata de los campesinos y señalando que cuando se trate de predios rurales ya no existe el delito de invasión para ellos y ningún otro invasor. En consecuencia, todos quienes estén presos por la comisión de este delito deben ser liberados de inmediato por los jueces que lleven esas causas y, para aquellos que se encuentren aún procesados, sus juicios decaen.

En 2005, ante la ola de invasiones que se venía produciendo y la inmensa presión condenatoria de la opinión pública, el gobierno nacional se vio obligado a pedir a sus diputados a la Asamblea Nacional que reformaran ambos artículos del Código Penal, para penalizar severamente las invasiones.

El artículo 471 establece que «… quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de 50 Unidades Tributarias (UT) a 200 UT (… ) se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural». El legislador consideró como un agravante que la invasión se produjera en terrenos rurales, aumentándole la pena a la mitad adicional a la pena aplicable si el mismo delito es cometido en una propiedad urbana.

El artículo del Código Penal anterior a la reforma no hablaba de invasiones. Usaba la expresión genérica de apropiación de un bien ajeno y contemplaba un pena muy baja (de 4 a 15 meses de prisión, aumentada hasta 30 meses si el hecho se realizaba con violencia). Ante la falta de tipificación expresa de la invasión como delito, la reforma acogió lo que en 2005 se había convertido en clamor social y lo tipificó de manera explícita y con penas muy fuertes.

La sentencia argumenta que el «estado de necesidad» para la producción alimentaria es suficiente excusa para que invadir los campos no sea delito. Señala que, en materia de invasiones rurales, los conflictos deben dirimirse por los mecanismos dispuestos en la Ley de Tierras y eliminó el delito que hace apenas 6 años se había establecido -incluso con mayor severidad- a las invasiones rurales. El fondo que subyace en todo esto no es cosa distinta a la concepción radical de izquierda, según la cual quien sea propietario es culpable de serlo y por tanto debe ser despojado de su propiedad a favor de quien no lo sea.

¿Está a salvo la propiedad urbana con esta decisión? Solo por ahora. El fundamento de la decisión fue el «estado de necesidad» de los campesinos. Con ese mismo argumento puede cualquier invasor de una propiedad urbana alegar para sí estar en «estado de necesidad» de una vivienda y por tanto, sostener que ese estado de necesidad justifica invadir lo que no es suyo. ¿Y quién puede negar que en Venezuela no existen millones de familias sin vivienda propia? Será solo cuestión de tiempo para que otra decisión desaplique también ambos artículos que protegen la propiedad urbana, pues la concepción marxista de la propiedad castiga a quien tiene y premia a quien toma lo que no es suyo. Eso es justicia social comunista.

Ya la nueva Ley de Arrendamientos está generando gravísimos problemas a propietarios que hoy no pueden cobrar la renta de un inmueble que tenían en alquiler pues, como lo escuchamos en una zona popular de Baruta, el inquilino dijo a su casero «no te pago más porque Chávez me regaló esta casa». Tuvimos que intervenir en ese caso y calmar al propietario, quien tiene como único sustento la renta de esa propiedad y estuvo a punto de desalojar por la fuerza a su inquilino. Pero no podremos contenerlos a todos todo el tiempo. ¿Habrá pensado el TSJ qué sucederá cuando un nuevo invasor invada al primero que despojó al propietario y comience un espiral que nadie podrá detener pues no es delito invadir? La justicia social que han pretendido aplicar en contra de los propietarios rurales (por ahora), ¿será la misma que aplicarán cuando el invasor ahora protegido sea a su vez invadido?

Se está articulando toda una plataforma legal que encaminan directamente a nuestra patria a un modelo comunista de total irrespeto a la propiedad privada. Por eso hay que cambiar este modelo en octubre del próximo año.

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde

Fuente: El Universal

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