Arco Minero del Orinoco en Venezuela

cyswcqkxaaeqr5tRepública Bolivariana de Venezuela

02 de diciembre de 2016

Excelentísimo Sr. James Cavallaro

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Excelentísimos Relatores/as de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Nosotros, las organizaciones Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz (LabPaz) tenemos el honor de dirigirnos a Ud. con la finalidad de exponer nuestra preocupación por las consecuencias, y la afectación a los derechos humanos, consecuencia de la aprobación inconsulta de un Mega proyecto de extracción minería denominado “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en la República Bolivariana de Venezuela.

Antecedentes:

1.- El 23.08.2011 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, aprobó el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero de Guayana, iniciativa para las actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales para potenciar el crecimiento económico y social de la nación[1].

2.-El 16.09.2011 fue publicado en Gaceta Oficial N° 39.759, el decreto presidencial N° 8413, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro[2]. Sólo tres meses después “se declara el mineral de oro y a las áreas mineras auríferas, como estratégicos para la Nación, y se definen como zonas de seguridad con base en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de esta forma se establece que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien debe mantener las condiciones de seguridad y de orden interno en las áreas sujetas al desarrollo de la actividad de exploración y explotación del oro, entre otras funciones detalladas en la Ley[3]. Este Decreto denominado la “nacionalización del Oro” estableció la eliminación y la penalización de la minería a pequeña escala y obligaba a la conformación de empresas denominadas mixtas a mineros artesanales con participación estatal. Para ello, se iniciaron operativos militares por parte de la FANB de desalojo de mineros de la cuenca del Río Paragua, habitado por comunidades del pueblo Pemón.

3.-  El 31.12.2011, indígenas Pemon y Kariña de 13 comunidades indígenas de Amanaimú  en Alto Paragua estado Bolívar, sometieron, desarmaron y detuvieron a 19 soldados en un yacimiento ilegal de oro, alegando supuestos abusos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes habían desalojado la mina artesanal indígena y tomaron el control para beneficio propio[4]. Indígenas de Bolívar han ejercido por décadas la minería artesanal a pequeña escala, bajo sus normas, sin embargo, desde 2006 comenzaron, según sus propios testimonios, a ser desplazados por grupos de mafias, militares, cuerpos de seguridad estatal, grupos irregulares armados que ejercen y controlan la minería ilegal, pero a escala superior con maquinaria, usando mercurio e imponiendo su leyes, convirtiéndose por la tolerancia estatal en otro micro Estado con sus propias leyes.

4.- El 11.06.2012 se da a conocer el Plan de Patria, como Programa de Gobierno del Presidente Hugo Chávez en la contienda electoral que establece en su objetivo 3.1: Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial[5], a implementarse a partir del 03.01.15. Allí se establecen los lineamientos para Desarrollar “el poderío económico” utilizando los recursos minerales.

5.- El 17.12.2012, la FANB a través del componente de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (Redi- Guayana) realiza operativos en la Cuenca de los ríos Caura y Caroní del Estado Bolívar. Su Comandante el M/G Cliver Alcalá Cordones, reconoció que existían en la zona al menos 80 campamentos ilegales de extracción minera. También anunció el incremento de los patrullajes militar terrestre, fluvial y aéreo en la cuenca del Caura, así como la reorganización de algunos puntos de control activados desde el año 2011.[6]

6.- El 08.02.2013, la violencia de la llamada Operación Arekuna, generó una nueva respuesta indígena de la zona reteniendo a 43 militares en Urimán, en el sureste del Estado Bolívar. En comunicado difundido por las comunidades Pemón denunciaron “la inminente, masiva e intensificada militarización de nuestras tierras comunitarias, para cumplir con las disposiciones del decreto de explotación del oro” (…) a) la reducción y limitación de los servicios aéreos hacia nuestras comunidades; b) retención de los transportes aéreos privados, c) control exagerado, abusivo, parcializado y discriminativo de los militares bajo el orden del Gral. Clíver Alcalá Cordones, Comandante General de la REDI-Guayana, lo cual muchas veces se traduce en la retención arbitraria e inconsiderada de nuestras mercancías de primera necesidad, bajo alegato de que todo es para la explotación minera, afectando la sobrevivencia física de los miembros de nuestras comunidades Pemón, violando nuestros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los documentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y, d) la limitación de las aeronaves ha creado una especulación abusiva de los precios de transporte por los pocos transportistas aéreos permitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”[7]. Tras dos días de negociaciones se estableció la apertura de la actividad minera en el territorio indígena Pemón bajo supervisión de capitanes generales y comunitarios, el cese de la operación militar Arekuna iniciada por REDI Guayana, el despacho regular de combustible a precio de mercado y la reactivación de las aeronaves de abastecimientos[8]. Indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable, recuperando las áreas intervenidas y con equipos de poco daño al medioambiente.

7.- 13.02.2013, en Gaceta Oficial número 40.109[9] apareció el decreto presidencial número 9.368, donde se formalizó la transferencia a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) el derecho a desarrollar directamente o por intermedio de un ente de Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas por un período de 20 años prorrogables. El Estado le otorga a la empresa estatal PDVSA, los derechos de desarrollo de actividades primarias y conexas de explotación de oro en los bloques Guasipati-El Callao, Sifontes Sur y El Callao, en el estado Bolívar, que representan un área de 35.778 hectáreas y con unas reservas estimadas de 81,4 millones de onzas de oro. El 05.03.2013, fallece el Presidente Chávez a consecuencia de un cáncer.

8.- El 20.03.2014, se publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.376 el Decreto N° 841[10], mediante el cual se creó la Comisión Presidencial Para La Protección, El Desarrollo y Promoción Integral De La Actividad Minera Lícita, en La Región Guayana. A través de un comunicado la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) alertaba que la misma representaba los nuevos aspectos de la política minera del Estado venezolano, basado en la implementación del llamado “Arco Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la actividad minera al sur del Orinoco en toda la región Guayana (región amazónica) y la extracción de recursos naturales a gran escala. Solicitaron una moratoria con base en que violaba derechos a la Consulta, Previa, Libre e informada; la Demarcación; y generaría un impacto ambiental y sociocultural que afecta las condiciones de vida de los pueblos indígenas en la zona[11].

Contexto actual: Aprobación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

9.- El 24.02.2016, el Mandatario Nacional Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto nro. 2.248 mediante el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”[12](AMO). El AMO afectará una extensión territorial de 111.843,70 km2, una superficie más grande que Portugal (92.212 Km2), Cuba (109.212 Km2), Panamá (79.569 Km2), y que corresponde al 12,2% de todo el territorio nacional. Ubicado en el Estado Bolívar, en un área que se extiende desde la frontera con el estado Amazonas hasta el estado Delta Amacuro y delimita en la parte superior con los Estados Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, para la explotación a gran escala de yacimientos minerales de Oro, Coltán, Diamantes, Cobre, Hierro, Bauxita como parte de los objetivos planteados en el llamado Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico 2013-2019.[13]

10.- El 24.02.2016 el Presidente de la República sorprendió al país con un encuentro transmitido en una alocución comunicacional nacional, con 150 empresas para relanzar el Proyecto AMO del Presidente Chávez, con la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Expresó: “La minería es uno de los elementos que tenemos con la mejor planificación y proyección, y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza” (..) “Lo tenemos todo para activar este gran motor, por los actores fundamentales. Inversionistas nacionales, los más importantes inversionistas del mundo de 35 países, con nuestra minería artesanal pequeña y mediana como una gran experiencia, a la cual le estamos dando y le vamos a dar un trato especial”.[14] Esta política minero extractiva tiene el interés, según información oficial[15], de aproximadamente 150 empresas mixtas de 35 países que combinan la participación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela con un mínimo de 55% de acciones y de empresas transnacionales con hasta 45% de acciones.

11.- El Decreto Arco Minero del Orinoco se oficializó en Gaceta Oficial N°40.855, del 24.02.2016. El AMO, está dividido en cuatro áreas para la exploración y explotación: el Área 1 (24.680,11Kms2), la más occidental tiene como límite el Río Cuchivero, donde predominan Bauxita Coltán, Tierras raras y Diamante; el Área 2 (17.246,16 Kms2) entre el río Cuchivero y el río Aro, predomina el Hierro y Oro; el Área 3 (29.730,37 Kms2) Entre el río Aro hasta el límite este del AMO predomina Bauxita, Cobre, Caolín  Dolomita; y el Área 4, que abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca (40,149,69Km2) donde predominan Oro, Bauxita, Cobre, Caolín y Dolomita[16].

12.- En 25.02.16, en entrevista al canal Telesur, el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, se refirió al oro que se encuentra en el AMO, diciendo que Venezuela podría elevar la producción de oro por el orden de 20 toneladas (TN) por año en el transcurso del 2016-2017, con el objetivo de alcanzar 100 TN anuales; cifra límite de producción mundial alcanzada por un país productor de oro, como es el caso de Sudáfrica. “Estamos hablando de una explotación potencial a 70 años (…) significan aproximadamente 280mil millones de dólares”. En América Latina, Venezuela ocupa el número uno con un reservorio de 361 TN, seguida de México con 121,4 y Brasil con 67,2. Sin embargo, Venezuela, tiene altas probabilidades, una vez finalizado el proceso de certificación y cuantificación en el Arco Minero del Orinoco, a incrementar sus reservas a más de 7 mil TN, colocándose en el segundo puesto en la lista mundial, aclaró el Ministro[17].

13.- En un acto desde el Banco Central de Venezuela donde se firmó un decreto para la cuantificación y certificación de las reservas mineras contenidas en el AMO, en relación a las reservas de diamante, el ministro Del Pino aseguró que Venezuela posee aproximadamente 11 mil 800 millones de quilates de diamantes, ubicándose en el sexto lugar del mundo. Expresó “estamos firmando una serie de acuerdos trascendentales, que nos llevarán a certificar esas reservas en cada uno de los minerales y también vamos a firmar los primeros acuerdos con inversiones ya determinadas en minas”[18].

14.- El mismo 24.02.2016, el Ejecutivo firmó cuatro acuerdos de entendimiento relacionados al Arco minero[19]: Un acuerdo con la empresa China Camc Engeerering CO. LTD, quién estará en el área 1 para la exploración y explotación de coltán; uno con  la empresa Yakuang Group, que se incorporará a las labores de exploración y explotación de oro en el área 4; un acuerdo con la  empresa minera Afridiam de la República del Congo, que operará en el área 1 y 4 para la exploración y explotación de diamantes, oro y coltán y se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa de Gold Reserve de Canadá para la conformación de una empresa mixta que desarrollará actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales.

15.- El 05.08.2016 el Ejecutivo Nacional, en un acto desde el Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas, firmó acuerdos con empresas nacionales en internacionales para impulsar la inversión en el AMO por el orden de 4.500 millones de dólares[20]:  1.- contrato con la Corporación Faox C.A para la exploración y explotación de yacimiento de Tantalio-Niobio, en el estado Bolívar; 2.- Se efectuó un contrato de constitución de la empresa mixta entre Venezuela y la compañía Gold Reserve que desarrollará actividades de exploración y explotación del oro y cobre, a través del Proyecto integral Brisas-Cristinas, en el Kilómetro 88, del municipio Sifontes, estado Bolívar; 3.- Memorando de entendimiento con la empresa Energold Minerals también de Canadá para la extracción y procesamiento de yacimiento de Tantalio-Niobio en el estado Bolívar; 4.- Memorando de entendimiento con  la empresa Guaniamo Mining Company de capital estadounidense para la certificación de reservas diamantíferas en el municipio Cedeño.

16.- El 26-08.2016, el Presidente de la República anunció cartas de compromiso con 5 empresas por el orden de 5 mil 500 millones de dólares, para la creación de empresas mixtas con las compañías canadienses Barrick Internacional Corporation y MPE Internacional Inc, para la extracción del oro y otros minerales; con la italiana Bedeschi, para la extracción de carbón, y otra con Afridiam de la República Democrática del Congo para el procesamiento de oro, diamante y tantalio; y con la empresa china Yang Kuang Group, para la producción de oro[21].

16.- El 04.11.2016, el Presidente Nicolás Maduro aprobó la activación del “Plan de Financiamiento 2016-2017 del motor minero, más de 4 mil millones de dólares para inversión”[22] en el AMO. Anunció la creación de tres empresas mixtas con alianzas internacionales para la explotación del coltán: ENERGOLD MINERALS INC, con un plan de inversiones de más de 5 mil millones de dólares, conformará la empresa mixta Metales del Sur; la segunda con la empresa Supracal que será la empresa Oro Azul; la tercera empresa hará una alianza con Faos CA., y será la empresa ecosocialista Paruaza, que trabajará en el área del río Paruaza, “esto podríamos llamarlo Plan Oro Azul” (Coltán) expresó el  primer mandatario.

17.- En ninguno de los casos donde se han firmado cartas de compromisos, o donde se han consolidado empresas mixtas y firmados contratos para la exploración y explotación, existe información pública del contenido de los mismos. A la presente fecha es imposible tener acceso a esta información, no está publicada en ningún portal estatal, ni medio de comunicación, es de total desconocimiento público las condiciones y los detalles de estas negociaciones.

18.- El 07.09.2016, el Ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal en entrevista transmitida por el canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV),  informó que “ya hemos iniciado la etapa de exploración y luego vamos a la etapa de certificación (…) esta fase de exploración se realiza siguiendo parámetros científicos, ajustados a estrictas normativas internacionales, con la participación de un equipo de geólogos y geógrafos venezolanos, encargados de hacer la evaluación y luego el levantamiento de la información”[23]. A la presente fecha, la información referida a esta fase, no es pública se desconoce parámetros, equipo de investigación y bajo qué criterios y normas se está realizando. Se desconoce si se está llevando a cabo por las limitaciones a la información pública.

19.- El 11.04.2016, Venezuela recibió la misión del sistema Kimberley para certificar la extracción de diamantes que se realizará en el AMO. El 17.11.2016, en un comunicado del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico anunció que “el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK), en su 14va Reunión Plenaria, celebrada del 13 al 17 de noviembre, en Emiratos Árabes Unidos, aprobó por unanimidad la reincorporación de Venezuela a la comunidad internacional de certificación del diamante y le otorgó la certificación H1 Production”[24].

20.- Es preciso acotar que Venezuela fue el segundo país en crear un Ministerio del Ambiente en el mundo y el primero de las Américas. Éste Ministerio existió hasta el 02.09.2014, cuando fue suprimido y fusionado como Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, que posteriormente fue transformado en Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas de Venezuela surge al separarse este último y fue oficializado en Gaceta N° 40.634, del Decreto Presidencial 1.701, el día 07.04 2015. Luego de 37 años, el Ejecutivo eliminó el órgano estatal con competencias exclusivas en la materia. Esto produjo la reacción diversos sectores de la sociedad civil[25] pidiendo revertir el decreto y advirtiendo las graves consecuencias para la conservación del ambiente, el clima y el manejo sustentable de los recursos naturales del país, petición no acogida por el ejecutivo nacional.

21.- El 07.06.2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, adscrito a la Vicepresidencia de Economía del Gobierno Bolivariano, dirigido por Roberto Ignacio Mirabal. Según este decreto tiene entre sus competencias “todo lo relativo a la Minería; el desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables sobre los cuales ejerce su rectoría, de conformidad con la normativa aplicable, observando siempre un profundo respeto al ser humano y al ambiente”[26].

22.- La crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela debido a la contracción de los precios del petróleo  de la capacidad productiva del país, así como la importación de la mayoría de los bienes básicos aunado al abandono de la actuación y presencia del Estado en zonas remotas, permitiendo la actuación de grupos delictivos, mafias, y la anuencia en la participación de militares, cuerpos de seguridad y funcionarios públicos en la dinámica y economía producto de la extracción ilegal de minerales, ha servido como excusa al Estado para impulsar un proyecto extractivo minero de gigantescas dimensiones (12,2% del territorio con la mayor diversidad biológica, reserva forestal y de agua dulce del país) como forma de poder tener acceso rápido a divisas y bajo la premisa de “poner orden” a una actividad de minería ilegal que se desarrolló, en parte, por su propia pasividad, la cual atenta contra comunidades indígenas, el medio ambiente, comunidades aledañas, el clima, el acceso al agua, y al equilibrio socio cultural del país.

23.- Numerosos sectores de la sociedad civil, incluyendo indígenas, campesinos, activistas, organizaciones de derechos humanos, académicos, ecologistas, periodistas vienen alertando por años los efectos de la minería ilegal en la región Guayana y la inacción gubernamental, sin que el Estado ni las autoridades hayan dado respuesta adecuada y multifactoriales para atacar el problema en su complejidad. Las únicas acciones son intervenciones militares en la zona que lejos de mitigar la problemática la agrava agregando violaciones a derechos humanos por la acción castrense.

Los Hechos: Decreto del Arco Minero del Orinoco y las Vulneraciones a los Derechos Humanos

Imposición de un Proyecto extractivista de megaminería a gran escala en una zona de alta fragilidad ecológica violando la normativa nacional y los principios internacionales del derecho ambiental.

24.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su Artículo 127 reza “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”

25.- El AMO se encuentra ubicado en el Estado Bolívar que en opinión de Alexander Luzardo, autor de las disposiciones ambientales de la CRBV y ex – Presidente de la Comisión de Ambiente de la extinta Cámara del Senado venezolano; dada su biodiversidad desde 1975, tiene la zona protegida más extensa de Venezuela, casi el 80% de su superficie, con 7 millones 262 mil 358 hectáreas son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) dada su amplia e incalculable biodiversidad en bosques, selvas, incluyendo “la Reserva Forestal Sierra de Imataca con 3 millones 800 mil hectáreas; La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico”[27]. Se suma a los reservorios naturales mencionados el Monumento Natural Sierra de Maigualida y parte del Parque Nacional Canaima.

26.- Un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, elaboraron un informe denominado “Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero”[28] en el cual se solicita al Estado Venezolano información de las fases y procedimientos del AMO ya que se desconocen los planes de mitigación y recuperación las áreas que serán afectadas por la megaminería en “la zona más antigua del planeta”. Dada la extensión del AMO advierten que al fragmentar los ecosistemas e irrumpir en la zona: 1) se provocará una pérdida importante de flora y fauna, algunas ya amenazadas debido a que son endémicas, es decir no existen en ninguna otra parte del mundo; 2) Las severas condiciones creadas producto de la deforestación hará que los bosques colindantes se degraden progresivamente; 3) la zona sur del río Orinoco representa “el área de mayor diversidad del país, incluyendo especies emblemáticas como el manatí, la tonina rosada, el caimán del Orinoco y la tortuga Arrau que ya se encuentran amenazadas”; 4) La minería a cielo abierto y a gran escala generará una gran cantidad de sedimentos, deforestación y el uso masivo de agentes contaminantes; 5) Los pozos de agua y las áreas deforestadas  generarán condiciones idóneas para transmisores de Malaria en una zona que  ha sido declarada en condiciones de epidemia por los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud; 6) aumentaran las enfermedades respiratorias, en la piel y riesgos de cáncer por el contacto con agentes tóxicos  y contaminantes como el Cianuro que dada la magnitud del proyecto se necesitarían miles de litros de agua para disolverlo y en caso de un accidente de derrame de cianuro la descomposición natural podría ser poco probable.

27.- El 09.08.2016 el Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto Nro. 2.412[29], donde se prohíbe el uso de mercurio para la explotación minera, sin embargo, no determina cómo las industrias extractivas a gran escala realizarán la explotación de los minerales a cielo abierto, ni deroga el uso del cianuro como agente químico en sustitución del mercurio, lo que de igual forma afectará de manera preocupante el ambiente y la vida en toda la región y zona aledañas.

Principio de no causar daños ambientales en otras jurisdicciones.

28.- Con base en los estudios recogidos en el Informe del grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCV[30], establecen que “el daño en los ecosistemas acuáticos de la región, debido a la tala de bosques, erosión de los suelos, sedimentación en los cursos de agua y alteración del régimen fluvial por embalses y distritos de riegos afectará irremediablemente la biodiversidad acuática y los recursos pesqueros continentales del país. Todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco, lo que ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico, dentro y fuera de nuestras fronteras, alcanzando la región del Caribe Sur (no sólo nuestra costa e islas oceánicas, sino que podría alcanzar a las Antillas holandesas) y el Caribe oriental (desde las Antillas menores hasta Puerto Rico). Se espera que la actividad minera genere una alta descarga sedimentaria que traería cambios negativos en la producción pesquera en la región del Caribe Este. Se ha reportado que a través de la descarga del río Orinoco puede ocurrir la dispersión de patógenos producto de contaminantes de origen antropogénico, provocando mortandad masiva de peces en la región. Finalmente, hay que destacar que la temporada de huracanes del Atlántico coincide con la época de mayor descarga de agua del río Orinoco. Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de las descargas del río Orinoco producto de la megaminería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”.

29.- El Estado Venezolano, con la aprobación del AMO, incumple con el principio de no causar daños ambientales en otras jurisdicciones, que implica la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas bajo su jurisdicción y control no afecten o causen daños a otros Estados. No existen informes públicos estatales de los posibles impactos del AMO en la región costera del Caribe.

Principio de prevención.

30.- No existen estudios, ni información pública calificada y realizada con estándares internacionales que garantice que el Estado tiene la certeza empírica, académica y científica de los impactos de la implementación del proyecto de megaminería AMO, como tampoco de las medidas a implementar para evitarlos y mitigarlos. El Estado venezolano debe prevenir con estudios rigurosos e independientes, las consecuencias del AMO en cumplimiento de su obligación de proteger el ambiente, la biodiversidad, el entorno marino, la atmosfera, etc.

Principio de precaución.

31.- El Estado no ha cumplido con el principio de precaución, ante los posibles daños graves e irreversibles al ambiente, no ha optado por escuchar las advertencias de diferentes grupos de la sociedad civil incluyendo expertos, ni convocar a los diferentes sectores para conocer sus opiniones sobre los riesgos y daños posibles daños al ambiente. En contraparte tampoco ha elaborado, ni ha ofrecido estudios que demuestren que se impedirá la degradación ambiental. La normativa internacional obliga que en caso de duda respecto al desarrollo de una actividad y siempre que haya riesgo deberían evitarse o no autorizarse.  Es el Estado venezolano en este caso al que debe demostrar plenamente ante la opinión pública que el AMO no ocasionará daños[31]

Se viola el Principio de información, consulta y participación ciudadana.

32.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su Capítulo IX titulado “de los Derechos ambientales”,  establece en su Artículo 128 que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”. De igual forma, la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) en su artículo 41, establece que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen “el derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente”[32]. El Decreto AMO se aprobó sin que existiera información, consulta, ni participación ciudadana de ningún tipo. Este proyecto a gran escala de megaminería que abarca el 12,2%, del territorio nacional de mayor riqueza, reserva forestal y ambiental, de agua y biodiversidad, no sólo para el país sino para el continente, se aprobó unilateralmente por el Ejecutivo Nacional y a la presente fecha es imposible tener acceso a la información detallada de las implicaciones, consecuencias, convenios, impactos.

33.- La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, suscrita por Venezuela, obliga al Estado venezolano a cumplir con los principios internacionales del derecho ambiental. Con la aprobación del Decreto AMO no se está cumpliendo con el Principio 10 que reza: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”[33]. A su vez, “Los principios de información, y acceso a la Justicia”, que son pilares fundamentales para garantizar un ambiente sano, permitiendo que las personas conozcan la situación actual y futura frente a posibles intervenciones de su espacio de vida, para que tomen medidas y sean parte de las decisiones que pueden afectarlos y que es extensivo tanto a comunidades indígenas, pobladores y ciudadano/as de un país se vulneró con la aprobación sin información pública, sin consulta y sin posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre el Decreto AMO.

34.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre industrias extractivas 2016[34], ha sido clara al decir que es un imperativo que la población tenga acceso a la información relevante. Con el AMO el Estado venezolano niega a la población en general el derecho al libre acceso a la información, al desoír, ni considerar las peticiones que diversos sectores de la sociedad han exigido en materia de información. Es información de “interés público” todos los aspectos concernientes a actividades extractivas mineras del 12,2 % del territorio nacional, en áreas frágiles de protección y reserva.

35.- Desde la aprobación del Decreto AMO, la sociedad venezolana en su conjunto ha expresado la necesidad de información, de consulta y participación, paralización, revisión y estudios antes de la implementación del AMO, sin que haya existido respuestas satisfactorias del estado venezolano. Organizaciones indígenas como la Coordinadora Organizaciones Indígenas Amazonía Venezolana (COIAM), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), Organización Kuyujani (indígenas del Caura); Alianzas amplias como la Plataforma por la Nulidad del decreto del Arco Minero del Orinoco, Frente Anti-minero de Venezuela, Foro Nacional contra el Extractivismo; Organizaciones de apoyo a pueblos indígenas y derechos humanos como Provea, La Guarura, Revista Gumilla, El Libertario, Wainjirawa, Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz (LabPaz);  Organizaciones ambientalistas y agroecológicas nacionales como el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia, Fundación Azul Ambientalistas, Red ARA, Sociedad Homo et Natura, Las Vainas son Verdes, Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, Campaña Venezuela libre de Transgénicos, Cariaco, Movimiento Ecológico de Venezuela;  Organizaciones políticas como Marea Socialista, Ruptura, Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, página web Aporrea, Frente Clasista Argimiro Gabaldón;  Organizaciones feministas y eco-feministas como La Danta Lascanta, La Araña Feminista; Artistas y colectivos de artistas; Académicos, investigadores científicos, profesionales y docentes universitarios provenientes de instituciones como la Universidad Central de Venezuela, Universidad Indígena del Tauca, Universidad Simón Bolívar, Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCV;  Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Universidad de Los Andes, Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad del Zulia, UNEARTE, Universidad de Carabobo, UNERG, Universidad Católica Andrés Bello, entre otras;  Apoyo de organizaciones internacionales como Oilwatch Latinoamérica y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL); también se han pronunciado integrantes de algunos partidos políticos, mayoritariamente de oposición, aunque también Marea Socialista y el Partido Comunista de Venezuela.[35]

Violación el principio fundamental de realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

36.- El Decreto del AMO, la delimitación en 4 bloques de producción y extracción minera, la extensión adjudicada y las zonas demarcadas se hizo en ausencia y sin la existencia de ningún estudio de impacto ambiental (EIA). La CRBV en su Artículo 129, establece que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”. El Artículo 55 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI)[36] establece que “todo proyecto de desarrollo público, privado o mixto en hábitat y tierras indígenas, debe contar, previo a su aprobación y ejecución por el órgano competente, con un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Los pueblos y comunidades indígenas serán consultados en la etapa de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, pudiendo objetarlos cuando éstos afecten la integridad sociocultural y ambiental. Las observaciones serán incorporadas en la reformulación del estudio, previo al análisis respectivo. Para garantizar este derecho, los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar asistencia técnica y jurídica al ente rector de la política indígena del país, a las organizaciones indígenas o a cualquier otro órgano o ente del estado o privado con competencia en la materia”.

37.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, se ha referido a la obligación de los Estados de realizar los EIA, particularmente para garantizar los derechos humanos. Ha sido enfática que en situaciones en las cuales se tomen decisiones que restrinjan derechos humanos, deben realizarse los EIA por entidades independientes y técnicamente capaces[37].

38. La CIDH a su vez, enfatiza que los EIA y los análisis de impactos de los proyectos extractivos deben ser evaluados desde la perspectiva de los derechos humanos que pueden ser afectados, lesionados o de algún modo restringidos. “la preocupación central de la CIDH es la inclusión de criterios y procedimientos que permitan asegurar un análisis del impacto en los derechos humanos involucrados dentro del proceso de toma de decisiones. En los casos en que tales actividades puedan afectar pueblos o comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes se encuentra el deber especial, ya desarrollado por los órganos del sistema interamericano, de llevar a cabo estudios previos de impacto social y ambiental, con participación de estos pueblos o comunidades”[38].

39.- El Estado Venezolano aprobó el decreto AMO sin presentar los EIA, no existe ninguna información pública, en ninguna institución del estado o medio público o institucional que muestre la existencia de los mismos. Se desconoce por completo su existencia. Esta norma internacional y parte fundamental de las obligaciones de los Estados, incluida en prácticamente todos los tratados ambientales que permite prevenir daños y aplicar una perspectiva de prevención cuando no haya certeza de los daños no existe para el AMO.

40.- Como bien lo ha advertido la CIDH, es de suma preocupación que siendo el Estado venezolano accionista de las empresas mixtas para la exploración y explotación de AMO, los EIA realizadas directamente, financiados o promovidos por este quien llevará a cabo la actividad, compromete y genera dudas sobre sus resultados. Incluso porque terceros contratados por la empresa interesada, en este caso El Estado Venezolano podría generar una relación que puede tender a sesgar los resultados de las evaluaciones. Las organizaciones exigimos que estos EIA deben contar con expertos independientes confiables para todas las partes, con transparencia, con base en los estándares internacionales y con participación activa de la sociedad civil y comunidades indígenas, campesinas de la zona.

Violación al acceso a la información pública.

41.- La ONG Espacio Público realizó una visita al estado Amazonas en fecha 17 de junio de 2017 para impartir un taller de acceso a la información llamado “El Pueblo Pregunta”, en dicho taller se contó con la participación de varios representantes de distintos pueblos indígenas. Ellos demostraron durante el taller su preocupación por varios temas de índole ambiental, discriminación por parte de las Fuerzas Armadas y por supuesto el problema que conlleva la aprobación del Decreto N°2.248 que crea el Arco Minero. Al finalizar el taller se decidió, por medio de la iniciativa de los participantes, redactar tres (03) cartas solicitando información al Ministerio para el Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, cuyo ministro actual es Ernesto José Paiva Salas; El Ministerio para el Poder Popular para la Defensa, cuyo actual ministro es Vladimir Padrino López; y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, cuyo actual ministro es Clara Josefina Vidal Ventresca.

42.- En dichas cartas se solicita a los referidos ministerios proveer de información referente a la realización de la Consulta Previa establecida en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la realización de los estudios de impacto ambiental y se le solicitó al General Vladimir Padrino López que realizara  y/o promoviera campañas de concientización a los integrantes de las Fuerzas Armadas ubicados en los estados Bolívar y Amazonas debido a la rampante discriminación hacia los pueblos indígenas en estas zonas, dichas peticiones de información se hicieron en base al ejercicio legítimo al acceso a la información, consagrado en los artículo 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichas cartas, elaboradas por Espacio Público, fueron entregadas en los entes correspondientes en fecha 29 de junio del presente año, el 10 de agosto se realizaron las debidas insistencias; el 03 de noviembre en el TSJ realizaron introdujeron demandas contra los Ministerios de Pueblos Indígenas y Ecosocialismo y Aguas por falta de información sobre el Arco Minero y otros asuntos indígenas. A la presenta fecha no existe respuesta oportuna por parte de ninguno de los tres referidos ministerios.

Pueblos y Comunidades Indígenas y la violación al derecho a la Consulta Previa Libre e Informada

43.- El AMO se ubica en territorios ancestralmente habitados por los pueblos indígenas Mapoyo, Inga, Eñepá, Hoti o Jodi, Kariña, Arawak y Akawako. A su vez, la extensión de la zona colinda y se relaciona, ambiental, territorial y fluvialmente con territorios indígenas de los Pueblos Yekuana, Sanemá, Pemón, Waike, Sapé, Eñepá y Hoti o Jodi del mismo Estado Bolívar, del Amazonas con los Pueblos  Yabarana, Hoti, Wotjuja, y en el Delta con los indígenas Warao.

44.- La CRBV, obligaba al Estado a demarcar los territorios indígenas en un lapso no mayor de 2 años desde su aprobación. Sin embargo al 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas (COIAM) emitió un comunicado en el que expresaba que tras un estudio detallado del Proceso Nacional de Demarcación durante los últimos 15 años, se evidenció que sólo se había demarcado el 12,4 % de los Hábitat y Tierras Indígenas, con base en el número de comunidades censadas[39]. El 09.08.2016 a razón del Día Internacional de los pueblos indígenas un nuevo comunicado alertaba “nos preocupa la paralización del proceso nacional de demarcación, particularmente en el Estado Amazonas, donde la Comisión Regional de Demarcación coordinada por el Ministerio para los Pueblos Indígenas (MINPPI) no es convocada desde hace más de dos años”[40]. El Estado venezolano por norma constitucional está obligado a garantizar y respetar la autodemarcación que realizan los pueblos indígenas de sus hábitats y territorios,[41] así como el uso y disfrute de la tierra y recursos que tradicionalmente han poseído en cumplimiento de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de Pueblos Indígenas.[42]

45.- Consecuencia de las denuncias provenientes de amplios sectores de la sociedad, 2 meses posteriores a  la aprobación del AMO el 05.04.2016, a través del  Decreto Presidencial N° 2.265, publicado en Gaceta Oficial número 40.864, se creó la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguardia de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera[43], en la cual sólo participan representantes de los pueblos indígenas que toman decisiones y cuyas reuniones se efectúan en la Ciudad de Caracas, la misma tiene como objeto: asesorar al Ejecutivo en la toma de decisiones vinculadas con la preservación de las áreas de especial importancia ecológica y de las aguas, para un desarrollo armónico de la actividad minera. Con esta comisión se busca, además, aprovechar las potencialidades de los recursos minerales sin lesionar la diversidad biológica de los territorios, integrando y articulando la cultura, tradiciones y costumbres ancestrales de quienes viven en estos espacios, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, promoverá la elaboración del plan específico de desarrollo en la zona estratégica del Arco Minero del Orinoco, en coordinación con los ministerios con planificación y minería, y constituirá subcomisiones para garantizar mejor ejecución y desarrollo de los planes y proyectos.

46.- De igual forma, el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 2.350, aparecido en la Gaceta Oficial No 40.922 del 9 de junio de 2016 creó una nueva institución bajo la denominación Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Según esta normativa, es de su competencia “el desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables sobre los cuales ejerce su rectoría, de conformidad con la normativa aplicable, observando siempre un profundo respeto al ser humano y al ambiente”. Como Ministro del ente fue designado Roberto Ignacio Mirabal Acosta. No obstante, esta es una medida burocrática que no ha cumplido los dos requisitos establecidos por la Constitución para la realización de proyectos extractivos de esta envergadura: 1) El estudio de impacto ambiental y 2) La consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas.

 

47.- El Estado venezolano está obligado a promover, garantizar y realizar el derecho a la consulta previa libre e informada a todos los pueblos indígenas presentes en la zona, con base en  los artículo 120 de la CRBV,  el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas LOPCI y el artículo 32 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; la misma debe cumplir con todos los estándares en materia de ese derecho para conocer si están de acuerdo o no con la actividad minera que se llevará a cabo en sus territorios. El 09.08.2016, fue presentado el informe conjunto “Situación del Derecho a la Consulta Previa en Venezuela”[44], con la lamentable conclusión que no ha existido ni un solo proceso de consulta previa, libre e informada a ninguno de los pueblos o comunidades indígenas en Venezuela.

48.- El 03.08.2016, el vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, informó que alrededor de 181 comunidades indígenas serían incorporadas al Arco Minero “estamos haciendo las consultas, comenzamos en una de las áreas del Arco Minero con ocho pueblos indígenas. La población de Mapoyo y Los Pijiguaos han realizado extraordinarios aportes que serán incorporados al plan de minería y a la zona de desarrollo estratégico”[45]. La práctica del gobierno nacional para la aprobación del AMO por parte de las comunidades indígenas sigue siendo la de informar el proyecto y buscar apoyo sin presentar estudios de impacto ambiental, información amplia, en idiomas y de calidad sobre las afectaciones reales al territorio, al ambiente, sus ecología, por lo que no ha habido con base en los estándares del derecho consulta previa, libre  e informada,  ni consentimiento de ninguna comunidad o pueblo cumpliendo con las obligaciones en materia de este derecho indígena.

49.- Funcionarios gubernamentales encabezados por el Vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las Misiones Jorge Arreaza, se han trasladado a algunas de las zonas indígenas ofreciendo, sin sustento, beneficios a las comunidades producto de su incorporación al AMO, para transformar comunidades indígenas del estado Bolívar en pueblos mineros. Esta práctica, contraria a los derechos de pueblos indígenas profundiza la división dentro de las comunidades que ya venía siendo denunciada por pueblos y comunidades indígenas con la imposición de Los Consejos Comunales Indígenas y las comunas como instancias de interlocución con el Estado, por encima de las tradicionales y propias. El Estado publicita y califica de consultas reuniones sin información adecuada, amplia, sin estudio de impacto ambiental, presentando proyectos económicos, sin discusión, obligando a dar propuestas con base en los mismos y asumiéndolos entonces como una forma de aprobación.

50.- La segunda reunión de la  Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), en Caracas, Jorge Arreaza dijo: “Este trabajo es para ver la cartografía con todas las miradas y lecturas; dónde están nuestras comunidades indígenas; cuáles son sus ámbitos de protección y cuencas hidrográficas que hay que preservar; dónde están las zonas con vocación minera, Zonas Bajo Régimen Especial Ambiental (ABRAE) donde no se puede intervenir. Tenemos una visión integral de todo ese territorio para actuar de manera racional”[46]. Como bien lo explicó Jorge Arreaza con La Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, se busca aprovechar las potencialidades de los recursos minerales, no dan la posibilidad de opinar, ni participar para expresar objeciones al AMO, sino para emitir sugerencias que les permita al Estado no “lesionar la diversidad biológica de los territorios, integrando y articulando la cultura, tradiciones y costumbres ancestrales de quienes viven en estos espacios, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas”[47] La Consulta sobre el proyecto extractivo Arco Minero del Orinoco no se realizó ni se realiza, se aprobó en todas las dimensiones, territorio, extensión y bloques de extracción y posterior a ello se procede a conversar con una representación vocera de las comunidades y pueblos indígenas para determinar  la incorporación de indígenas en labores mineras con ideas para mitigar los daños.

51.- El Indígena Curripaco Gregorio Mirabal, Coordinador General de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), expresó el rechazo y la preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana ante el plan Arco Minero del Orinoco, en territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de los pueblos indígenas. “Nos afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco Minero que afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”[48].

52.- Las comunidades indígenas de los Estados Bolívar y Amazonas vienen denunciando desde aproximadamente cinco años atrás, la creciente actividad minera en sus zonas y las trágicas consecuencias en todos los ámbitos de su vida y cultura. Denuncian que cada día las condiciones para oponerse o resistir se hacen más adversas. La crisis económica, la presencia de irregulares armados, mafias mineras, con la aquiescencia estatal, los deja en un estado de indefensión. La pérdida de su sistema tradicional de vida y la intervención y cooptación de sus organizaciones tradicionales por parte del gobierno, los obliga a participar en la minería para poder subsistir. Actualmente en el estado Bolívar, parte de las comunidades indígenas realizan actividades de pequeña minería, y su principal demanda por años ha sido poseer el control para poder ser los principales beneficiarios de la actividad y desde la minería artesanal y controlada palear la destrucción masiva del territorio.

53.- La Organización indígena de OIYAPAM del estado Amazonas, presentó en marzo un diagnóstico de cómo son afectados por la minería que se realiza en sus territorios[49]: En salud: gripe, pica-pica, paludismo, tuberculosis; diarreas, vómitos, fiebres; amibiasis “y se mueren los niños niñas y ancianos (as). Ya han muerto 04 niños y 03 ancianos”; enfermedades contagiosas como la gonorrea, y otras;  no hay un ambulatorio cercano y no hay visita de médicos ni malariología, en la zona donde vive el pueblo Joti, Yabarana y Panare; En educación: Hay deserción escolar; padres y representantes se van a las minas, se llevan a sus hijos; comunidades donde no tienen clases por ausencia de sus padres y docentes:  En cultura: comunidades del sector Parusito, están abandonando sus conucos;  la presencias de los mineros ilegales,  el gobierno no hace nada en desalojar a los mineros ilegales; están saqueando, destruyendo la tierra madre al utilizar maquinarias; Los mineros ilegales están destruyendo parte de los monumentos naturales. En el área social: problemas entre familia, comunidades y entre pueblos indígenas, entre quienes denuncian y los que quieren ir con los mineros ilegales; presencia de civiles armados, de supuestos miembros de la FARC, u otros grupos; amenazas de muerte a los denunciantes y sus familiares. “Los dueños de las máquinas siempre dicen que no tienen miedo a nosotros, ni a la GNB, si hacemos denuncia a la GNB que ellos no van a proceder, porque son amigos de la GNB y también la dan algo de mineral;  Con la minería ilegal han llegado malandros,  gentes civiles armados, criminales, sindicatos, atracadores, ladrones de ganados, amenazadores de muerte, enfermedades, alcoholismo, prostitución, etc.; (…) Los mineros ilegales se meten sin permiso o consentimiento de las comunidades”.

54.- El 09.08.2016, La COIAM emitió un comunicado[50] donde alertan lo siguiente: “Estamos preocupados debido a la creciente actividad minera ilegal en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región”  (…) A esta situación se suman los posibles impactos socioculturales y ambientales por la implementación de nuevas políticas de extracción de minerales en la región sur del país, como el llamado Arco Minero del Orinoco, a ejecutarse en amplios territorios ocupados por pueblos y comunidades indígenas y sin los procesos de consulta previa, libre e informada, garantizados en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y el propio Convenio 169 de la OIT. Uno de los impactos más negativos de estas actividades puede ser el abandono de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios y su economía propia vinculada a la subsistencia, al introducirse patrones socioproductivos ajenos a su dinámica sociocultural y a su identidad. Estas políticas podrían conducir a un verdadero etnocidio”.

55.- El 04. 05.2016, producto de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización Kuyujani, celebrada entre el 21 y 24 de abril, autoridades legítimas de 49 comunidades indígenas Ye’kwana-Sanema y Pemón emitieron un Pronunciamiento sobre el Arco Minero del Orinoco, rechazando firmemente el Decreto 2.248. “Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida. Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción. Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar”.[51]

56.- La CIDH, en zonas ancestrales habitadas por comunidades indígenas es clara al enfatizar que  los estudios de impacto socio ambiental “deben respetar las tradiciones y cultura del y sus resultados deben ser compartidos con las comunidades a fin de que puedan tomar una decisión informada”.

57.- La CIDH ha indicado que deben responder a la finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los pueblos indígenas y tribales con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos.  De este modo, en caso se vean afectados pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de estos deberes especiales.

58.- Lamentablemente, esta oposición de los pueblos indígenas y sus organizaciones contrasta con la firma de convenios con inversionistas extranjeros para el periodo 2016-2017[52].

59.- La experiencia de proyectos de Mega Minería impulsados en otras regiones de Latinoamérica es la progresiva ampliación de las fronteras extractivas. Por esta razón organizaciones indígenas de territorios que no se encuentran dentro de los linderos iniciales del proyecto del Arco Minero del Orinoco están rechazando el proyecto debido a las consecuencias de la profundización de este modelo de desarrollo.

Peligro de extermino a pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de Venezuela

60.- Dentro de las poligonales del AMO se encuentran dos pueblos en contacto inicial: el pueblo Hoti o Jodi y el pueblo Eñepá. Por todos es sabido el carácter especial, que tanto la norma como la doctrina y la jurisprudencia internacional y regional, han dado a estos pueblos. En efecto, en el año 2012 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de las Américas del año 2013 (p.6), en la respuesta que recibiría de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, caracterizaría al pueblo Hoti o Jodi en contacto inicial. En total son tres pueblos los catalogados en esta condición en el país: los Hoti o Jodi (Estado Bolívar) y los Yanomami y Uwottuja (Piaroa de la Cuenca del Sipapo) en el Estado Amazonas. Si no se toman medidas de protección a favor de estas comunidades, se generaran condiciones favorables para su desaparición.

Riesgo inminente al Patrimonio de la Humanidad.

61.- El Parque Nacional Canaima fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994. Ubicado en el estado Bolívar, Se extiende en 30 000 km² hasta la frontera con Guyana y Brasil. Por su tamaño es considerado el sexto parque nacional más grande del mundo. Datan del período en que América y África formaban un supercontinente por tanto es considerada una de las zonas más antiguas del planeta. Posee un gran interés geológico. Debido a sus mesetas únicas en el mundo denominadas tepuyes, acantilados y la caída de agua más alta del planeta (El Salto Ángel). El parque nacional Canaima tiene conexiones ambientales, de agua, biodiversidad y climáticas relacionadas directamente con las Áreas correspondientes al AMO. Habitado ancestralmente por la etnia indígena Pemón tiene el carácter de sitio sagrado para este pueblo así como la condición de Patrimonio de la Humanidad, lo cual no ha servido para que el Estado venezolano muestre las medidas a implementar para proteger estas áreas vitales de valor excepcional ambiental y cultural.

62.- El 25.11.2014, la tradición oral Mapoyo fue declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad[53] y colocadas en la lista de salvaguardia urgente. Es la primera lengua indígena venezolana declarada Patrimonio de la Humanidad, hoy doblemente amenazada, dado que el uso de esta lengua está en situación crítica, pues sólo quedan menos de 300 hablantes —al menos 55 familias-, la mayoría de ellas de la tercera edad. La cultura Mapoyo procede de una comunidad indígena ubicada en un espacio de la faja de sabana entre el caño Cariño y el río Villacoa, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, dentro de la Área 2 del AMO. Los Mapoyo de forma directa o indirecta ser verán afectados en sus modos de vida con el AMO. Desplazamiento de sus territorios, daños a sus hábitats, fuentes fluviales, viviendas, contaminación con agentes tóxicos del agua, en su alimentación. Su transformación en comunidades indígenas mineras modificará irreversiblemente sus formas ancestrales, cosmogónicas y culturales de vida, y posiblemente implique la pérdida de un patrimonio de la humanidad.

Violación al el Derecho a la asociación.

63.- El artículo 25 del Decreto del AMO limita la conformación de sindicatos, asociaciones o cualquier tipo de organización, al señalar que “los sujetos que ejecuten o promuevan  actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-”, así como el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”. “obstaculice las operaciones totales o parciales de la producción”. La presencia militar y sus diversas atribuciones limitarán el derecho de trabajadores, indígenas o mineros en sus derechos fundamentales. Este artículo establece “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto” es decir, los intereses del Estado están por encima del de los ciudadanos. Esto viola los artículos 53, 68 y 97 de la CRBV,  es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical.

Militarización de territorios indígenas sin consulta.

64.- El decreto que crea el AMO, militariza los territorios indígenas y permitirá la judicialización de las organizaciones sindicales e indígenas que realicen actividades en dichos espacios. Los artículos 12 y 13 del decreto se establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en lo sucesivo FANB) están capacitadas para: “salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de la industria estratégica”.

65.- El 09.03.2016, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que para poner orden en el Arco Minero del Orinoco, se implementaría una “Zona Militar Especial” para proteger que a los pobladores y los recursos de esa área, ubicada en el estado Bolívar. Anunció que la FANB ya tenía tres helicópteros, más de mil hombres en el área[54]. Cinco meses después, el 05.08.2016, el Ministro de la Defensa General Vladimir Padrino López informó que una “Unidad Especial de la FANB” se activaría para operaciones de defensa integral en el Arco Minero del Orinoco “En los próximos días se presentará la conformación de esta unidad especial que va a estar en mutua relación de comando con la Zona Operativa de Defensa Integral y la Región Estratégica de Defensa Integral”[55].

66.- El 05.08.2016 el Estado venezolano suscribió un memorando de entendimiento para participación en el Arco Minero con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, que se dedica a la prestación de servicios en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros. [56]

Convenios aprobado por el Ejecutivo Nacional sin consulta ni autorización de la Asamblea Nacional violando la CRBV.

67.-La CRBV en su Artículo 150 y 187 numeral 9 de la CRBV sobre “los contratos de interés Público” establece que: “la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.

68.- El Decreto del AMO, y las consecuentes firmas convenios, contratos y conformación de empresas mixtas se ha realizado de manera inconsulta, sin información y de forma unilateral por parte del ejecutivo nacional violando la CRBV. Este tipo de proyecto de gran envergadura y de altos impactos socio, económicos, ambientales y culturales requieren las funciones contraloras de la Asamblea Nacional.

69.-El 14.06.2016. La AN, aprobó un acuerdo rechazando el Decreto de creación del AMO[57] que dejaría sin efecto los contratos las empresas mixtas creadas para la exploración y explotación del AMO. El acuerdo aclara que la AN, desconoce el Decreto AMO por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales. Por tanto, niega la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional en el llamado arco minero, con el objetivo de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, la riqueza en biodiversidad, el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. “Proclama que se mantienen con plena vigencia constitucional y legal, las áreas bajo régimen de administración especial, áreas protegidas o de especial importancia ecológica, de todo el país, en particular las ubicadas en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro,  conocidas como reservas forestales de Imataca, el Caura, La Paragua, Monumento Natural Cerro Guanay, y demás Tepuyes, la zona protectora del río Orinoco, la Cuenca Estratégica del Caroní, u otras, que poseen protección constitucional, y legal”.

70.- El 09.08.2016. La AN aprobó el Decreto N°2.165 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165[58] con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares. El diputado Américo de Grazia aclaró que con ella se buscaba que “Ningún contrato que haga la nación de interés público nacional puede ser avalado si no tiene la aprobación del Poder Legislativo”.

71.- El 05.09.2016. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la Ley de Reforma Parcial del decreto N° 2.165 con rango y fuerza de ley orgánica aprobada el pasado 9 de agosto por la mayoría de la Asamblea Nacional. Fue declarada la nulidad, “por haber sido sancionada en desacato a la sentencia del máximo tribunal del país que declara nulos los actos del Parlamento desde el 28 de julio de 2016”.[59]

Respuestas organizadas de la sociedad civil

72.- El 20.05.2016, El ex – rector de la Universidad Indígena del Tauca, reconocido antropólogo Emilio Monsonyi expresó: “somos el primer país con un proyecto mega minero, sin ningún tipo de consulta a sus ciudadanos, mucho menos a las comunidades indígenas”. Advirtió el enorme daño que esta explotación generaría en el ambiente y los ecosistemas más vulnerables del planeta como la Gran Sabana y la Amazonía. Recordó que el Gobierno está en deuda con las comunidades indígenas por no consultarles sobre el proyecto ni demarcar las tierras correspondientes a cada asentamiento aborigen dentro del plan minero, por lo que el mismo significará “desplazamiento, marginación y asfixia social” para las etnias Yekwana, Pemón, Kariña, entre otras. Advirtió que la cuenca del río Orinoco en esta zona, conocida como la Orinoquía, “está encerrada, ahora, en una enorme tenaza minera, el río está condenado a muerte, prácticamente”, con consecuencias para las comunidades que tienen en ella su principal surtidora de agua dulce.[60] Posterior a estas declaraciones fue removido de su cargo como rector de la Universidad Indígena.

73.- Las universidades[61], los docentes[62], intelectuales y activistas[63], Organizaciones no gubernamentales[64], redes ambientalistas[65], feministas[66], nuevas alianzas[67], legisladores[68], la sociedad civil y organizaciones indígenas en conjunto[69], como nunca antes en los últimos 15 años se ha pronunciado contra la implementación del AMO, exigiendo su paralización hasta no se cumpla con todos los requisitos de la ley Venezolana y en materia de derechos consagrados tanto en la legislación nacional  en tratados internacionales. La respuesta del Presidente de la República a la imposición desoyendo las demandas populares ha sido: “le digo a esos traidores que el Arco Minero va” (…) “La nueva política de desarrollo minero es profundamente soberana, ecologista y con una visión de desarrollo integral”[70].

74.- La Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero introdujo ante la Sala Político Administrativa del TSJ un Recurso de nulidad[71] por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto del AMO.  21.06.2016, El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad[72] contra el Decreto del AMO y ordenó notificar a los ministros del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Desarrollo Minero Ecológico, Petróleo y Minería, Ecosocialismo y Aguas, Pueblos Indígenas y Comunas y Movimientos Sociales; además de a la fiscal general, Procuraduría, al coordinador del Arco Minero del Orinoco y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas “a fin de que emitan su opinión en la presente controversia”.

75.- El 27.10.2016, La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”. En la sentencia se lee: “En este caso particular, el cual resulta de vital trascendencia para la Nación, los interesados debían exponer y probar con claridad la necesidad del otorgamiento de las medidas cautelares requeridas”. Según la misma era deber de los demandantes presentar las pruebas necesarias para que se “suspendieran los efectos o se decretaran medidas cautelares innominadas sobre un acto administrativo que crea una zona de desarrollo estratégico nacional, para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país”.[73]

Criminalización de Altos funcionarios de las críticas al AMO

76.- El 07.06.2016 El Presidente de la República, en televisión pública nacional, al anunciar la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico insistió que la minería es una de las áreas más importantes a desarrollar en el país, y criticó la campaña hecha por la oposición venezolana, diciendo que se ha dedicado a hacer “lobby” en el mundo para que las empresas extranjeras que cuentan con la experiencia y la tecnología, no vengan a Venezuela a trabajar el desarrollo del Arco Minero. “Dirigentes de la oposición venezolana se han ido a países del mundo a hablar con las empresas para que éstas no vengan a invertir en Venezuela”.[74]

77.- El 05.08.2016, el Presidente volvió a criminalizar a quienes critican la implementación del AMO. Afirmando en un encuentro con empresas que detrás de los voceros que se oponen al desarrollo del arco minero está dinero de las mafias que controla la minería y llamándolos traidores: “Lo que siempre ha existido es la anarquía de las mafias. Detrás de algunos de los voceros que se oponen al arco minero, hay mucho dinero de mafias que controlan la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va”. [75]

No existe en Venezuela un marco jurídico que aborde de forma adecuada códigos de conducta de las compañías extranjeras.

78.- Con base en las recomendaciones emanadas de la CIDH, Venezuela carece de un marco regulatorio que con perspectiva de derechos humanos generé métodos efectivos de supervisión y mecanismos accesibles de acceder a la justicia cuando violaciones a los derechos humanos ocurren. Una legislación que también incluya al Estado venezolano, las negociaciones en las empresas mixtas con capital estatal, foráneo y privado, de obligaciones y garantía en materia de DDHH desde el origen de cualquier posible acuerdo antes que los mismos sean aprobados con las compañía, nacionales, y/o  extranjera sea aceptada para conducir negocios.

79.- Insistimos en recordar que la CIDH reitera “que aun cuando los negocios y las inversiones son objetivos legítimos que deben promoverse, sus actividades deben llevarse a cabo en una plataforma que avance los derechos humanos y no los debilite, a nivel nacional e internacional”.[76]

En virtud de lo antes expuesto:

80.- Nosotros los abajo firmantes, acudimos respetuosamente ante esta honorable Comisión para exponer que la conformación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, a través del decreto nro. 2.248 publicado en la Gaceta Oficial nro. 40.855, mediante el cual se afecta territorios que históricamente han poseído de forma pacífica, previo a la conformación de los actuales Estados-Nación, se ha realizado de forma arbitraria, inconstitucional en inconsulta con las comunidades indígenas, al Parlamento Nacional ni al resto de la sociedad en su conjunto.

81.- El grupo de expertos del Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH en el Cuarto informe periódico de Venezuela sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015, recomendó al Estado venezolano “adoptar las medidas necesarias a fin de: a) Garantizar la celebración de las consultas previas necesarias con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales. El Estado parte debe agilizar la aprobación del proyecto de reglamento de consulta previa e informada y asegurar la participación activa de los pueblos indígenas en su elaboración; b) Acelerar y completar a la mayor brevedad posible el proceso de demarcación de las tierras indígenas; c) Proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y velar por que los autores de tales actos sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados, y por qué las víctimas obtengan una reparación adecuada[77]”.

82.- La falta de Estudios de Impacto Ambiental, así como la entrega de contratos a empresas foráneas en asociación con el Estado venezolano vulneran las disposiciones sobre consulta previa, libre e informada presente en el artículo 120 de la CRBV, el artículo 11 y 59 de la LOPCI.

83.- En materia de tratados internacionales, vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas así como a otros tratados que fundamentan la norma de consulta. A esto se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros órganos del tratado de la ONU en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional en Contra de Todas las Formas de Discriminación Racial.

84- De conformidad con la “Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas[78]”, su artículo XIX establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.  Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación”.

85.- La CIDH es muy clara al recordar que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen, bajo los instrumentos interamericanos de derechos humanos, obligaciones ineludibles de respetar y garantizar los derechos, “incluyendo en el contexto de las actividades de extracción, explotación y desarrollo. Una serie de derechos humanos se ven impactados por la implementación de proyectos de extracción y desarrollo, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la consulta, el consentimiento y a la identidad cultural, a la información y a la participación, entre otros. la Comisión considera que las obligaciones estatales en estos contextos giran en torno a seis ejes  centrales, consistentes en el deber de: (i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo, (iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y (vi) garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos. En cada caso, la Comisión pone énfasis especial en el cumplimiento de estos deberes con relación a pueblos indígenas y tribales y a las comunidades afrodescendientes”[79].

86.- En materia ambiental la CIDH ha enfatizado “que existe una relación directa entre el ambiente físico en el que viven las personas, y los derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad física: “El ejercicio del derecho a la vida y a la seguridad e integridad física está necesariamente vinculado y, de diversas maneras, depende del entorno físico. Por esa razón, cuando la contaminación y la degradación del medio ambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la salud del ser humano, se comprometen dichos derechos”(…) “La CIDH ha subrayado también el vínculo directo entre la preservación de la integridad medioambiental y el acceso a las fuentes de subsistencia; citando la Carta Mundial de la Naturaleza, ha sostenido que “la humanidad es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales de modo tal que se asegure el abastecimiento de energía y de nutrientes”[80].

87.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha emitido dos sentencias fundamentales: Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador y Caso, y Caso del Pueblo Xingú Vs. la represa Belo Monte de Brasil, en las que ha brindado pautas sólidas sobre las obligaciones internacionales relativas a este derecho. Igualmente, en el marco del sistema universal, los órganos de control de la aplicación de los tratados han emitido decisiones dotando de contenido especifico a sus instrumentos respectivos[81], a lo que se suman los pronunciamientos de los procedimientos especiales y otros mecanismos de Naciones Unidas cuyo mandato se relaciona con los pueblos indígenas, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII-por sus siglas en inglés).

88.- Reiterar las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe sobre las medidas de protección especial para los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

89.- Asimismo, insistir en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de las Américas del año 2013, en el que se reconoce a los pueblos Hoti o Jodi, Yanomami y Uwottuja (Piaroa de la Cuenca del Sipapo) en contacto inicial.

Solicitamos respetuosamente exhortar al Estado venezolano a:

90.- Suspender la aprobación y firmas de convenios de concesión para la exploración y explotación minera en Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco mientras no se cumplan los requisitos constitucionales.

90.- Realizar los Estudios de Impacto Ambiental conforme a la normativa legal del país y los estándares internacionales, con garantía técnica, de imparcialidad, y objetividad, así como hacerlos públicos por tratarse de información de interés nacional.

91.- Con base en las recomendaciones emanadas por el grupo de expertos del Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH en el Cuarto Informe Periódico de Venezuela, exhortar a garantizar la celebración de las consultas previas necesarias con los pueblos indígenas para  obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales.

92.- Exhortar a la Asamblea Nacional agilizar la aprobación del proyecto de Reglamento de Consulta Previa e Informada y asegurar la participación activa de los pueblos indígenas en su elaboración, así como avanzar en iniciativas legislativas que permitan la conversión de la autodemarcaciones en demarcaciones.

93.- Persuadir al Estado para que permita la visita a Venezuela de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, para que pueda constatar las diferentes situaciones planteadas en el presente informe, entrevistándose con todos los actores y visitando el territorio concedido para la explotación del Arco Minero del Orinoco.

94.- Instar al Estado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los pueblos y comunidades indígenas en contacto inicial y en aislamiento voluntario, que puedan ser afectados por los proyectos de explotación minera.

95.- Exigir al Estado venezolano que se abstenga de tomar represalias contra las personas y organizaciones  que cuestionan y visibilizan las violaciones de derechos humanos como consecuencia de la aplicación del proyecto Arco Minero del Orinoco.

[1] Chávez corazón de mi patria: Adelantan plan estratégico conjunto Faja Petrolífera del Orinoco y Arco Minero de Guayana http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/adelantan-plan-estrategico-conjunto-faja-petrolifera-orinoco-arco-minero-guayana/#.V8ox9ijhDIU
[2] Correo del Orinoco: Oficializado decreto que reserva al Estado la exploración y explotación del orohttp://www.correodelorinoco.gob.ve/inicio/oficializado-decreto-que-reserva-al-estado-exploracion-y-explotacion-oro/
[3] Correo del Orinoco: Dictan Reforma parcial de ley que reserva al Estado exploración y explotación del oro http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/dictan-reforma-parcial-ley-que-reserva-al-estado-exploracion-y-explotacion-oro/
[4] Iwgia: El Mundo Indígena 2012. http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0574_EL_MUNDO_INDIGENA_2012_eb.pdf
[5] Blog de Chávez. Programa de la Patria 2013-2019. http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/venezuela-potencia/#.V8sSTSjhC00
[6] Agencia Venezolana de Noticias: FANB destruyó cerca de 80 campamentos mineros ilegales en cuencas del Caura y Caroní.  http://www.avn.info.ve/contenido/fanb-destruy%C3%B3-cerca-80-campamentos-mineros-ilegales-cuencas-del-caura-y-caron%C3%AD
[7] Aporrea: Comunidades Pemón rechazan con contundencia la militarización y el hostigamientohttp://www.aporrea.org/desalambrar/a159140.html
[8] RED ULAM: La minería en tierras ancestrales. http://redulam.org/venezuela/la-mineria-en-tierras-ancestrales-2/
[9] Gaceta Oficial N° 40.109. http://www.inapymi.gob.ve/documentos/Gaceta_40109_conglomerados.pdf
[10] Gaceta oficial Nº 40.376 http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29938&folderId=4172546&name=DLFE-7648.pdf
[11] COIAM: Segundo Comunicado De La Coordinadora De Organizaciones Indígenas De La Amazonia (Coiam) Sobre La Nueva Política Minera Del Estado Venezolano http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/2014/06/coiam-se-pronuncia-sobre-nueva-politica.html
[12] Gaceta Oficial nro. 40.855 del 24 de febrero de 2016. http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=2f65f31f-78ff-4881-979e-6fe17fdfe9f0&groupId=10136
[13] Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6118 del 04 de diciembre de 2013.
[14] AVN Arco Minero del Orinoco se perfila como nueva fuente de riqueza del país. http://www.avn.info.ve/contenido/arco-minero-del-orinoco-fue-activado-como-nueva-fuente-riqueza-del-pa%C3%ADs
[15] AVN: Maduro: Que 150 empresas de 35 países inviertan en Venezuela es una demostración confianza http://avn.info.ve/contenido/maduro-que-150-empresas-35-pa%C3%ADses-inviertan-venezuela-es-una-demostraci%C3%B3n-confianza
[16] Decreto Arco Minero del Orinoco. Gaceta 426.516 http://www.igvsb.gob.ve/documentos/consultoria_juridica/POLIGONALES_DE_CONTEXTOS_TERRITORIALES/ZONA_DE_DESARROLLO_ARCO_MINERO.pdf
[17] PDVSA: Arco Minero del Orinoco estima alcanzar producción de 100 toneladas anuales de Oro. http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=13808&newsid_temas=1
[18] Contrapunto: Venezuela tendría reservas por 11mil 800 millones de quilates de diamantes. http://contrapunto.com/noticia/venezuela-tendria-reservas-por-11-mil-800-millones-de-quilates-de-diamantes-63355/
[19] Radio Mundial: Venezuela suscribió cuatro acuerdos para impulsar desarrollo del Arco Minero http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-suscribi%C3%B3-cuatro-acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
[20] AVN: Estado venezolano suscribió nueve acuerdos para impulsar desarrollo del Arco Minero, http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-suscribi%C3%B3-nueve-acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
[21] AVN: Venezuela suscribe acuerdos por $5.500 millones con transnacionales mineras para desarrollar el Arco Minero http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-suscribe-cinco-nuevos-acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
[22] Aporrea: (VIDEO) Presidente Maduro aprobó el plan de financiamiento 2016-2017 para el Arco Minero del Orinoco (AMO) https://www.aporrea.org/pachamama/n299709.html
[23] Minci: Inició etapa de exploración en el Arco Minero del Orinoco http://minci.gob.ve/2016/09/inicio-etapa-de-exploracion-en-el-arco-minero-del-orinoco/
[24] MINCI: Venezuela se reincorpora a la comunidad internacional de certificación del diamante http://minci.gob.ve/2016/11/venezuela-se-reincorpora-a-la-comunidad-internacional-de-certificacion-del-diamante/
[25] http://asovacaragua.org.ve/wp/?p=242; http://www.vitalis.net/2014/09/venezuela-retrocede-40-anos-con-fusion-ministerial/; http://red-ara-venezuela.blogspot.com/2014/09/la-red-ara-rechaza-la-eliminacion-del.html
[26] Gaceta-Oficial N° 40922. http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2016/06/Gaceta-Oficial-40922-Decreto-2350.pdf
[27]El Universal: Arco Minero y ambiente http://www.eluniversal.com/noticias/economia/arco-minero-ambiente_247568
[28] LabPaz: Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero http://www.laboratoriosdepaz.org/consecuencias-ambientales-del-proyecto-arco-minero/
[29] Publicado en la Gaceta Oficial nro. 40.960 del 09 de agosto de 2016.
[30] LabPaz: Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero http://www.laboratoriosdepaz.org/consecuencias-ambientales-del-proyecto-arco-minero/

 [31] Carta Mundial de la Naturaleza, Principio 11(b), G.A. Res. 37/7, 28 de octubre de 1982; Convenio sobre la Diversidad Biológica, Preámbulo, 1760 U.N.T.S. 79, 31 I.L.M. 818, 5 de junio de 1992; Programa 21, párr. 18.40(b)(iv), U.N. Doc. A/CONF.151/26/ REV.1(VOL.II) (1993), Convención Marco de Cambio Climático, art. 3, 31 I.L.M. 849 (1992).
[32]Gaceta oficial No. 5.833. Extraordinario. Ley Orgánica del Ambiente.

 http://www.uc.edu.ve/mega_uc/archivos/leyes/a_ley_organica_ambiente_2007.pdf
[33] Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. http://www.cedaf.org.do/eventos/forestal/Legislacion/Inst_internac/DECLARACION_RIO.pdf
[34] CIDH. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección d derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
[35] Emiliano Teran Mantovani. Expediente. Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco. Insumo básico para organizaciones sociales y ciudadanía en general. Última actualización: 19 de septiembre de 2016
[36] Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-ve2-es.pdf
[37] Corte I.D.H., Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 129
[38] CIDH. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección d derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
[39] COIAM; Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana sobre el proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras indígenas a los 15 años de aprobación de la Constitución Nacional, http://laboratoriosdepaz.org/comunicado-de-la-coordinadora-de-organizaciones-indigenas-de-la-amazonia-venezolana-sobre-el-proceso-nacional-de-demarcacion-de-habitat-y-tierras-indigenas-a-los-15-anos-de-aprobacion-de-la-constituci/
[40] COIAM: Organizaciones Indígenas de COIAM ORPIA: Amazonas con Motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. http://laboratoriosdepaz.org/organizaciones-indigenas-decoiam-orpia-amazonas-con-motivo-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/
[41] Aartículo 119 CRBV y 29 LOPCI
[42] Publicada en la Gaceta Oficial nro. 37.118 de fecha 12 de enero de 2001.
[43] AVN: Arco Minero impulsará desarrollo sustentable y bienestar de comunidades. http://www.avn.info.ve/contenido/arco-minero-impulsar%C3%A1-desarrollo-sustentable-y-bienestar-comunidades
[44]Provea, GTAI, LabPaz: Situación del Derecho a la Consulta Previa en Venezuela http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2016/08/Informe_CP.pdf
[45] AVN. Más de 180 comunidades indígenas participarán en desarrollo del Arco Minero del Orinoco. http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-180-comunidades-ind%C3%ADgenas-participar%C3%A1n-desarrollo-del-arco-minero-del-orinoco
[46] Idem
[47] Ibidem
[48] LabPaz: Líderes indígenas rechazan activación del Arco Minero del Orinoco http://laboratoriosdepaz.org/indigenasrechazanarcominero/
[49] OIYAPAM: Consecuencias de la minería ilegal para las comunidades indígenas. http://laboratoriosdepaz.org/oiyapamconsecuencias-de-la-mineria-ilegal-para-las-comunidades-indigenas/
[50] COIAM: Organizaciones Indígenas de COIAM ORPIA: Amazonas con Motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. http://laboratoriosdepaz.org/organizaciones-indigenas-decoiam-orpia-amazonas-con-motivo-del-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/
[51] Laboratorio de Paz; Organización Kuyujani: Pronunciamiento de pueblos indígenas Ye’kwana-Sanema y Pemón sobre el Arco Minero del Orinocohttp://laboratoriosdepaz.org/organizacion-kuyujani-pronunciamiento-de-pueblos-indigenas-yekkwana-sanema-y-pemon-sobre-el-arco-minero-del-orinoco/
[52] AVN. Estado venezolano suscribió nueve acuerdos para impulsar desarrollo del Arco Minero. http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-suscribi%C3%B3-nueve-acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
[53] AVN: Tradición oral del pueblo Mapoyo fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. http://www.avn.info.ve/contenido/lengua-originaria-venezolana-mapoyo-ingresa-al-patrimonio-cultural-inmaterial-humanidad
[54] AVN, Zona Militar Especial resguardará Arco Minero del Orinoco. http://www.avn.info.ve/contenido/zona-militar-especial-resguardar%C3%A1-arco-minero-del-orinoco
[55] AVN. Fanb activará unidad de defensa integral en el Arco Minero. http://www.avn.info.ve/contenido/fanb-activar%C3%A1-unidad-defensa-integral-arco-minero
[56] AVN. Estado venezolano suscribió nueve acuerdos para impulsar desarrollo del Arco Minero. http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-suscribi%C3%B3-nueve-acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
[57] Asamblea Nacional: República Bolivariana De Venezuela. La Asamblea Nacional. Como Vocera Del Pueblo Soberano Acuerdo Sobre El Decreto De Creación De La Zona De Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero Del Orinoco” http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_14ca7645e6258245077e6c8c3f3b382d6c451244.pdf
[58] Decreto N°2.165 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165[58] con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e75fc3fc12982ee5953d277195586f45b4374efe.pdf
[59] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/190395-808-2916-2016-16-0831.HTML
[60] Correo del Caroní: Rector de universidad indígena alerta sobre desplazamiento de comunidades indígenas con el Arco Minerohttp://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/45294-rector-de-universidad-indigena-alerta-sobre-desplazamiento-de-comunidades-indigenas-con-el-arco-minero
[61] Guayana Ante el Arco Minero. Posición ante el Arco Minero del Orinoco de Personas, Organizaciones e Instituciones que hacen vida en la región Guayana http://guayana-antearcominero.blogspot.com/2016/05/manifiesto-de-guayana-sobre-arco-minero.html
[62] Pronunciamiento de Docentes y Egresados de la Escuela de Sociología-UCV sobre el Arco Minero del Orinoco. http://www.derechos.org.ve/2016/07/22/pronunciamiento-de-docentes-y-egresados-de-la-escuela-de-sociologia-ucv-sobre-el-arco-minero-del-orinoco/
[63] Intelectuales y activistas: Detener el ecocidio minero en la cuenca del Orinoco es urgente. Un exhorto al Gobierno Nacional http://www.derechos.org.ve/2016/04/18/intelectuales-y-activistas-detener-el-ecocidio-minero-en-la-cuenca-del-orinoco-es-urgente-un-exhorto-al-gobierno-nacional/
[64] Provea: Decreto del Arco Minero del Orinoco suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano.  http://www.derechos.org.ve/2016/03/09/decreto-del-arco-minero-del-orinoco-suspende-garantias-constitucionales-en-122-del-territorio-venezolano/ ; Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la ULA fija su posición en torno al Arco Minero del Orinoco (AMO) http://www.derechos.org.ve/2016/03/14/grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-indigenas-de-la-ula-fija-su-posicion-en-torno-al-arco-minero-del-orinoco-amo/
[65] La Red ARA rechaza el decreto que implementa el Arco Minero del Orinoco http://www.derechos.org.ve/2016/06/13/la-red-ara-rechaza-el-decreto-que-implementa-el-arco-minero-del-orinoco/ ; ANAPRO: Desconocimiento al Decreto del Arco Minero, 14.07.2016. http://www.derechos.org.ve/2016/07/14/anapro-desconocimiento-al-decreto-del-arco-minero/
[66] Venezuela: Comunicado ecofeminista versus el extractivismo minero en la Orinoquia http://www.derechos.org.ve/2016/06/22/venezuela-comunicado-ecofeminista-versus-el-extractivismo-minero-en-la-orinoquia/
[67] La Plataforma por la anulación del Decreto del Arco Minero. El Decreto del Arco Minero del Orinoco: un ataque a la vida, un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas, una violación a la esencia de la Constitución http://www.aporrea.org/contraloria/n290947.html
[68]Asamblea Nacional: Acuerdo Arco Minero. http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_14ca7645e6258245077e6c8c3f3b382d6c451244.pdf
[69] http://laboratoriosdepaz.org/indigenas-y-activistas-organizan-resistencia-al-arco-minero/
[70] El Nacional: Maduro: “Detrás de quiénes se oponen al Arco Minero está el dinero de las mafias” http://www.el-nacional.com/economia/Maduro-Detras-Arco-Minero-mafias_0_897510335.html
[71] Introducen recurso al TSJ para anular decreto del arco minero http://laiguana.tv/articulos/28829-arco-minero-tsj
[72] TSJ admite demanda de nulidad contra decreto del Arco Minero http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/46523-tsj-admite-demanda-de-nulidad-contra-decreto-del-arco-minero
[73] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/191565-01140-271016-2016-2016-0358.HTML
[74] MPetromin: Creado Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo de Minero Ecológicohttp://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/noticias.php?option=view&idNot=3966
[75] El Nacional: Maduro: “Detrás de quiénes se oponen al Arco Minero está el dinero de las mafias” http://www.el-nacional.com/economia/Maduro-Detras-Arco-Minero-mafias_0_897510335.html
[76] CIDH. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, industrias extractivas. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
[77] Cuarto informe periódico de Venezuela sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015 en el Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH, Ginebra. file:///C:/Users/Indala%20Uzcategui%20R/Desktop/PDCP_ONU.pdf
[78] AG/RES. 2888 (XLVI-O/16). Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas
[79] CIDH; OEA: Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
[80] Idem.
[81] Véase, por ejemplo, Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Comunicación Nº 1457/2006, Poma c. Perú, dictamen del 27 de marzo de 2009; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recomendación general Nº 23 (1997), sobre los pueblos indígenas; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones Finales sobre Colombia. E/C.12/1/Add.74, 6 de diciembre de 2001.

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